EL RESPONSABLE..



En las entrevistas realizadas a “Maria” “Jamir y “Calos”, se da un punto en comun y es el señalar al Estado como el responsable de que su situación de discriminación  y de que su diario vivir sea inestable. Pero ¿por qué ellos han coincidido en esto? Esto nace bajo el idea de que:

Las víctimas de discriminación racial en Colombia no cuentan con un recurso judicial efectivo que garantice la persecución de los discriminadores, ni una reparación justa y adecuada para los daños causados por los actos de discriminación racial. El Estado colombiano tampoco cuenta con mecanismos adecuados para garantizar que el sistema de administración de justicia trate de forma igualitaria a los ciudadanos afrodescendientes, ni puede verificar que esta población tenga una representación suficiente en el sistema”[1]

Es oportuno aludir, reiterar, y cuestionar (tal y como lo hace la comunidad afrodescendiente) la legitimidad y representación --las cuales haciendo parte de la categoría de eficacia simbólica-de los proyectos y normas de discriminación racial. Conjunto de elementos que deberían ir en función de la acción real y efectiva –parte constitutiva de la eficacia instrumental–, pero como se ha notado, en la realidad colombiana y, específicamente bogotana, no ocurre de dicha interacción.

Para quienes redactan el presente y para los entrevistados, el cuestionamiento sobre la legitimidad y capacidad de acción del Estado se da por la lejanía entre la realidad y derecho. Sumando a ello, la desconexión entre la eficacia simbólica e instrumental de las normas sobre discriminación. Es así, como la sanción, por ejemplo, para quienes actúen de forma degradante y discriminen a la población afrodescendiente, no debe solo ser de carácter “represivo” o “sancionatorio” sino necesita que se dé una legitimidad y un mínimo de aceptación en el pueblo.

Ahora bien, nuestra propuesta para dirimir el eje—señalo por García Villegas—de lucha y alejamiento entre la sociedad y el Derecho, que se acuña en la eficacia simbólica, es:

a) primero, gestionar estudios fidedignos sobre la comunidad afrocolombiana con el fin de conocer sus necesidades y sus pretensiones, y así crear un vínculo más estrecho entre ellos y la autoridad estatal;

b) segundo, que el Estado permita incluir a la comunidad afro en la discusión sobre la creación de políticas que los afecten, logrando así garantizar su derecho a la participación;


c)tercero, crear vías o medios judiciales más rápidos que le permitan a un grupo discriminado, como el afrodescendiente, obtener resultados inmediatos para proteger sus derecho;

 d)cuarto, adecuar en el sistema de educación un proyecto que logre influir de manera efectiva en la mentalidad de los colombianos, con el propósito de impedir la propagación y detener de raíz el pensamiento racista, ya que sin duda alguna tal y como lo expresó María: “todos somos iguales, tenemos la misma sangre”

Para finalizar, queremos cuestionar al lector sobre si : ¿es el Estado un maestro que enseña a los colombianos, sus pupilos, cuál es el camino para incluir, no discriminar y reparar a los grupos marginados o, por el contrario, es el bandido que indirectamente los conduce a discriminar? 


[1] Informe “El derecho a no ser discriminado”. Observatorio de discriminación de la Universidad de los Andes.  Pág 60